Los mayores Okupas de España – La Laguna de la Janda

El reciente informe que, fruto del trabajo de años de reivindicación e investigación realizada por la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, ha emitido la Abogacía del Estado vendría a confirmar que 6.165 hectáreas de terrenos okupados por grandes fincas son en realidad bienes de dominio público.

Sobre dichos terrenos se asientan hoy en día enormes explotaciones agrícolas intensivas de regadío que reportan jugosos beneficios a unas pocas grandes empresas como la conocida Las Lomas, a su vez receptoras de cuantiosas subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

Es interesante seguir el rastro histórico de la distribución de las tierras en esta y otras zonas, pues de los muchos conflictos que marcan la historia de España desde las primeras décadas del siglo XIX hasta mediados del XX será el agrario uno de los que tendrá mayor trascendencia social. La estructura de la propiedad agraria, especialmente injusta en zonas como Andalucía donde una gran parte de la población campesina ha vivido en permanente miseria, ha sido el caldo de cultivo de sucesivas revueltas, movimientos libertarios y las consiguientes represiones reaccionarias. El último episodio antes de la guerra fue el conocido como Sucesos de Casas Viejas.

Si queremos sintetizar en breves trazos las razones de esa brutal desigualdad en la zona de la Janda, tendremos que remontarnos en primer lugar a los dos siglos de la Frontera que situada al sur de los pueblos cristianos de Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera y al norte de los asentamientos árabes de Tarifa, Algeciras y Gibraltar era escenario frecuente de batallas, saqueos y destrucción convirtiendo la zona en un extenso campo de batalla flanqueado por municipios fortificados. Durante este periodo se produce una fuerte despoblación en la franja fronteriza, especialmente además porque el Estrecho de Gibraltar pasa de ser un puente de tráfico intenso de personas y mercancías entre dos continentes a una frontera hostil entre la cultura cristiana y la musulmana.

Los repartos de tierras posteriores a la conquista son el origen de la propiedad comunal. Aquí aparecen por ejemplo las Hazas de Suerte, un tipo especial de tierras del Común que los vecinos de Vejer han logrado mantener a pesar de los diversos intentos de ocupaciones y enajenaciones. Se establecían así pequeñas parcelas que se otorgaban a los nuevos pobladores para fijarlos en el territorio y favorecer la recuperación de tierras, y por otra, tierras comunales que incluían espacios forestales, de pasto o agrícolas. Por último, las grandes propiedades de los señores, generalmente arrendadas a terceros para obtener rentas.

Ya en la edad moderna la presión de las nuevas burguesías por hacerse con propiedades municipales y la situación de abandono de grandes fincas en manos de la Iglesia condujeron a los intentos de desamortización eclesiástica y civil. Lejos de conseguir los objetivos anunciados de extender a la población el derecho a la propiedad de la tierra, terminaron por hacer cristalizar la gran propiedad. Los pequeños propietarios, los arrendatarios y los jornaleros no pudieron acceder a las tierras desamortizadas, que fueron a parar a manos de la burguesía emergente tales como bodegueros y comerciantes. Además perdieron el acceso a los recursos de una gran parte de las tierras comunales, como ocurrió con las dehesas de propios de Conil.

En el centro de todo ese territorio se encontraba la desaparecida laguna de la Janda, en realidad un conjunto de lagunas que, dependiendo del nivel de lluvias y la época del año, podían llegar a ocupar una superficie superior a las 6.000 hectáreas. Era sin duda el mayor y más importante complejo palustre de Europa. Además de su enorme extensión, su importancia radicaba en su situación geográfica al ser el Estrecho el obligado punto de paso para la migración de millones de aves, convirtiéndose así en un inmenso refugio y descansadero natural.

A mediados del siglo pasado la finca Las Lomas se convirtió en una de las favoritas de Franco para ir cazar perdices y pichones. Su propietario, José Ramón Mora Figueroa, aprovechó la oportunidad de la concesión de desecar la laguna para transformar, dentro del paradigma del desarrollismo que se impuso en la década de los sesenta, una gran finca de escasa rentabilidad y jornaleros empobrecidos en una finca moderna de alto rendimiento aprovechando el regadío y las ricas tierras que dicha desecación proporcionaban. Con espíritu paternalista, aprovechó el crecimiento económico y las obras para crear un poblado nuevo en el interior de la enorme finca evitando el desplazamiento diario de los obreros. No faltaban el economato, el colegio religioso y la iglesia. Incluso hay  un cerro artificial que al llaman Mirador de Franco. Dicen que se construyó para que éste pudiera contemplar los trabajos de desecación y cultivo de decenas de jornaleros en plena era tecnocrática.

Según el citado informe, el estado franquista permitió que grandes propietarios “amigos del régimen” siguieran ocupando, de forma indefinida y a cambio de nada, los terrenos deslindados como públicos que, si bien originalmente les habían sido entregados mediante una concesión administrativa, posteriormente serían rescatados por el propio Estado en 1964, tras abonarles los costes de las obras de desecación realizadas, con la teórica intención de entregar las tierras al Instituto Nacional de Colonización para otorgarla a pequeños parcelistas.

Para colmo, la progresiva mecanización ha hecho disminuir el número de jornales necesarios para la explotación y además los beneficios e impuestos generados no repercuten localmente al tener estos grupos empresariales sus sedes sociales fuera de la provincia.

Así pues, al inmenso desastre ecológico producido al canalizar las aguas y arrancar la vegetación palustre de los humedales haciendo desparecer unos ecosistemas que por su diversidad y originalidad podrían ser de los más valiosos del continente se le suma la injusticia social que representa la usurpación de los bienes públicos, sin pagar canon alguno, por parte de los mismos terratenientes de siempre, cuando además parte de sus beneficios empresariales se sustentan en subvenciones públicas.

El tío Coronil – Para la revista Yunque nº40